Familiares de los duranguenses Juan Corral, Ezequiel Corral y Jair Núñez están pidiendo ayuda para localizarlos ya que desaparecieron el 29 de octubre del presente año luego de salir de las instalaciones del Hotel Marrod en Chihuahua capital.
Los familiares de los duranguenses comentan que Juan Corral Acuña de 36 años, Ezequiel Corral Acuña de 35 años y Jair Núñez Gandarilla de 40 años fueron vistos por última vez hace dos días luego de salir del Hotel Marrod en la colonia Deportistas.
Ya han llamado a sus conocidos, a las autoridades y al hotel, pero hasta el momento no se sabe nada de ellos y por ello están pidiendo ayuda a la ciudadanía para localizarlos sanos y salvos.
Características de Juan Corral Acuña: Estatura: 174 centímetrosPeso: 100 kilogramosComplexión: RobustaTez: Trigueña claraCabello: Castaño oscuro, lacio, poco cabelloOjos: Café claro, ovaladosSeñas particulares: usa barba y bigote
Características de Jair Núñez Gandarilla: Estatura: 178 centímetrosPeso: 80 kilogramosComplexión: RobustaTez: Trigueña oscuraCabello: Negro, lacio, cortoOjos: Café claro, alargadosSeñas particulares: tiene una cicatriz en la ceja derecha y un lunar bajo su ojo izquierdo
Piden que si llegan a ver a alguno de los duranguenses o si tienen alguna información sobre él, se comuniquen a los números de emergencia, 911 o 089, o bien a la fiscalía:
Comisión de búsqueda: 614 429 3300 extensión 11343
Chihuahua: 614 429 3300 extensiones 14289 y 10706
Juárez: 656 629 3300 extensiones 56832 y 56825
Cuauhtémoc: 625 128 1100 extensiones 77049 y 77065
Una jueza federal otorgó suspensión definitiva a Uber para evitar detenciones de la Guardia Nacional a conductores que realizan viajes en aeropuertos del país, confirmando que pueden llevar y recoger pasajeros legalmente.
La Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa concedió la medida cautelar que protege a conductores de Uber de ser detenidos por autoridades federales mientras realizan viajes a través de la plataforma en cualquiera de los más de 70 aeropuertos mexicanos, incluido el de Chihuahua y Ciudad Juárez.
La suspensión definitiva aplica únicamente a quienes estén realizando un viaje con Uber en zonas federales aeroportuarias, mientras se resuelve el juicio de amparo. Uber sostiene que durante más de una década ha defendido que es ilegal detener a sus conductores en estos espacios.
La empresa destacó la relevancia de esta resolución de cara al Mundial de Futbol 2026 que se celebrará en México. «Es de suma importancia que mostremos nuestra mejor cara a los millones de turistas que recibiremos durante la justa deportiva más importante del planeta», señaló Uber en un comunicado.
La plataforma instó a las autoridades federales a cumplir con la suspensión definitiva y pidió al Congreso de la Unión legislar sobre el tema para mejorar el ecosistema turístico nacional e internacional, reafirmando que las plataformas deben tener acceso a aeropuertos federales para eficientar la movilidad.
El Congreso de Chihuahua ha aprobado por unanimidad de votos expedir la Ley de Indulto, conocida también como Ley Beatriz. Impulsada por la gobernadora Maru Campos, beneficia a los sentenciados por delitos del fueron común y excluye los casos de corrupción, feminicidio y abuso sexual.
Durante la más reciente sesión ordinaria de Congreso, que se desarrolló éste jueves, la diputada Xóchitl Conteras Herrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), sometió a consideración del Pleno el decreto que reforma el Código Penal del Estado y crea la Ley de Indulto, que faculta al titular del Poder Ejecutivo Estatal para otorgar el indulto en determinadas circunstancias.
La legislación establece que los mandatarios estatales podrán recurrir a este mecanismo a quienes hayan incurrido a un delito del fuero común y recibido una sentencia irrevocable cuando se busque la protección de reclusos menores de 14 años o que sean incapaces de valerse por sí mismos.
Contempla además una situación en que «la persona privada de la libertad cuente con condiciones graves en su estado de salud, padezca alguna enfermedad crónico-degenerativa» o por encontrarse en fase terminal; así como en el caso de grupos vulnerables y mayores de 70 años.
Para brindar el indulto habrá de obtenerse un reporte emitido por la autoridad penitenciaria, en el que indique si la conducta del reo equivale a un alto grado de reinserción social y no representa un riesgo para las víctimas, los testigos, la comunidad y la seguridad pública, además de garantizar la reparación del daño.
El Ejecutivo contará con un Comité Técnico conformado por los titulares de la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo que analizará y brindará su opinión respecto a la viabilidad de otorgar el indulto.
La iniciativa establece que «en todos los casos se deberán tomar en cuenta las particularidades de la persona sentenciada, su acceso a la justicia, su situación socioeconómica, la gravedad del delito y el impacto del hecho ilícito en la comunidad donde fue realizado». Además, el indulto deberá ser solicitado por los sentenciados, por los defensores legales o por los familiares por medio de un escrito y, en caso de no cumplir con los requisitos marcados por la Ley, será desechada.
En su Artículo 12 la Ley indica que no podrá gozar de este beneficio quien haya sido condenado a varias sentencias, quien haya incurrido en corrupción o sus derivados, feminicidio, secuestro o abuso sexual, ni quienes hayan demostrado mala conducta en los centros penitenciarios.
El decreto entrará en vigor al día siguiente de su aparición en el Periódico Oficial del Estado, publicado cada miércoles y sábado.
Encabezan punto de acuerdo el coordinador Rubén Moreira y Tony Meléndez
A fin de garantizar la participación de todos los sectores sociales y productivos, el Grupo Parlamentario del PRI presentó un punto de acuerdo para realizar foros de consulta publica y de Parlamento Abierto en el análisis de la Ley General de Aguas. El diputado federal Juan Antonio «Tony» Meléndez Ortega promovió esta iniciativa que fue bien acogida por el coordinador Rubén Moreira y acompañada por todos los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI. En la propuesta se solicita realizar en el mes de noviembre 7 foros de consulta en el país, uno de ellos en el estado de Chihuahua, con la presencia de los titulares de la Comisión Nacional del Agua y de SADER. Cabe destacar que el punto de acuerdo único establece: «La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Comisiones competentes en materia de recursos hidráulicos, medio ambiente y desarrollo sustentable, para que, antes de la aprobación del proyecto de reforma, derogación y adición a la Ley General de Aguas, se realicen foros de consulta pública y un ejercicio de Parlamento Abierto, con el objetivo de garantizar la participación efectiva de todos los sectores sociales, académicos, gubernamentales y productivos del país, asegurando con ello que la nueva legislación refleje las necesidades, derechos y aspiraciones de la sociedad mexicana respecto al uso y manejo sustentable del agua». Los legisladores federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional expusieron que el derecho humano al agua es un principio reconocido en el artículo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”. Este precepto constitucional impone al Estado la obligación de garantizar dicho derecho mediante una gestión sustentable, equitativa y participativa de los recursos hídricos, subrayaron. En la argumentación de motivos se considera que los instrumentos internacionales suscritos por México, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, refuerzan la obligación del Estado mexicano de garantizar el acceso universal al agua y promover su manejo sostenible. En este contexto, la reforma, derogación y adición a la Ley General de Aguas representa una oportunidad histórica para actualizar el marco normativo en materia hídrica, orientándolo hacia un modelo de gobernanza que priorice el derecho humano, la protección ambiental, la justicia social y la sustentabilidad económica. Sin embargo, dada la trascendencia de esta legislación, su aprobación requiere de un proceso amplio, plural y transparente, que asegure la participación efectiva de la sociedad. Para el diputado Tony Meléndez y sus compañeros del Grupo Parlamentario «el agua no es solo un recurso natural estratégico; es un elemento vital que sustenta la vida, la producción agrícola, la salud pública y el equilibrio ecológico». El diputado federal por Chihuahua manifestó que «su gestión involucra a diversos sectores de la sociedad: comunidades rurales e indígenas, organismos operadores, agricultores, industrias, gobiernos locales, investigadores, ambientalistas y ciudadanos en general». Por tal motivo, cada uno de estos actores posee conocimientos, experiencias y necesidades específicas que deben ser consideradas para construir una ley legítima, eficaz y socialmente aceptada. Entre los cambios más relevantes que plantea la reforma y que deben consultarse y trabajarse en los foros destacan los siguientes: En un primer momento encontramos el régimen de concesiones y Fondo de Reserva, que se mantiene la figura de concesión, pero con modificaciones sustanciales, por ejemplo la disponibilidad de agua se revisará cada dos años y se incorpora un nuevo mecanismo denominado Fondo de Reserva, que concentrará los volúmenes recuperados por caducidad, renuncia o revocación. Dichos volúmenes se reasignarán exclusivamente por la Autoridad del Agua, mediante nuevos títulos. Esta centralización de facultades puede fortalecer la planeación hídrica, pero también genera riesgos de discrecionalidad y falta de transparencia, por lo que es indispensable discutir públicamente los criterios que regularán las reasignaciones. Además se procura la eliminación de transmisiones de derechos entre particulares, esta propuesta elimina por completo la posibilidad de transferir derechos de agua entre particulares, un mecanismo que, bajo la ley vigente, permitía dinamizar la economía agrícola e industrial mediante ajustes voluntarios de uso del recurso dentro de una misma cuenca o acuífero. Se prevee sustituirlo por un sistema de “reasignaciones” controladas por la autoridad que implica alterar de manera profunda el mercado del agua y las condiciones de seguridad jurídica de los usuarios. Sin embargo, esta medida debe evaluarse con detenimiento a través de consultas públicas que permitan conocer sus implicaciones reales para las economías regionales y la inversión. Por otro lado, la reforma restringe severamente los cambios de uso, relocalizaciones y modificaciones de concesión. En adelante, cualquier cambio sustantivo, como trasladar un pozo colapsado, modificar el punto de extracción o cambiar el uso de agrícola a urbano, requerirá un nuevo título. Esta limitación puede afectar a productores, municipios y empresas que dependen de la flexibilidad operativa para adaptarse a condiciones técnicas o climáticas, por lo que es necesario revisar su viabilidad práctica mediante un diálogo técnico con los sectores productivos y sociales. Se contemplan nuevas facultades de inspección y delitos hídricos, la autoridad contará con mayores facultades para verificar, sancionar y hasta demoler obras en zona federal sin título, y se crean tipos penales específicos por delitos hídricos como alteración de cauces o manipulación de medidores. Si bien estas medidas buscan fortalecer la legalidad y proteger el recurso, también incrementan el control estatal sobre los usuarios, lo que exige claridad en los procedimientos y salvaguardas de derechos, materia que debe analizarse abiertamente con juristas, expertos y organizaciones civiles. La reforma, al incrementar la centralización y el control estatal del agua, puede contribuir a una gestión más sustentable, pero también podría dificultar la inversión privada, los proyectos agrícolas y el desarrollo urbano. La incertidumbre sobre los criterios de reasignación y la eliminación de la flexibilidad actual generan un entorno de inseguridad jurídica que requiere discutirse ampliamente antes de legislar. Por ello, al ver que algunas reformas y medidas generan grandes cambios, es importante contemplar la participación ciudadana mediante foros, consultas y ejercicios de parlamento abierto, lo que constituye un componente esencial para el proceso legislativo en esta materia. Estos espacios no son meramente formales, sino mecanismos democráticos que garantizan que la norma refleje la realidad del país, incorpore la diversidad cultural y geográfica de México, y fortalezca la corresponsabilidad en la gestión del agua. La experiencia demuestra que la imposición de políticas públicas sin participación social genera conflictos, resistencia y desconfianza institucional. En cambio, cuando las leyes se construyen con base en el diálogo, la consulta y la inclusión, su aplicación es más efectiva y su legitimidad más sólida. Además, el principio de consulta previa, libre e informada, reconocido en el Convenio 169 de la OIT, obliga al Estado mexicano a garantizar la participación directa de los pueblos y comunidades indígenas en las decisiones que afecten sus territorios y recursos naturales, como es el caso del agua. Ignorar esta obligación no solo vulneraría derechos humanos, sino que también podría comprometer la constitucionalidad de la futura Ley General de Aguas. El Congreso de la Unión ha impulsado el concepto de Parlamento Abierto como una práctica legislativa moderna, sustentada en los valores de transparencia, rendición de cuentas, colaboración ciudadana y deliberación informada. Aplicar este principio en la discusión de la reforma hídrica permitiría mejorar la calidad del debate legislativo, incorporar conocimiento técnico y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. La naturaleza transversal del agua exige que las soluciones normativas no se construyan desde una sola perspectiva, requiere integrar la visión de la ciencia, la técnica, la gestión social y los derechos humanos, los foros temáticos, tanto regionales como nacionales, ofrecen la posibilidad de abordar los retos específicos de cada cuenca, de cada región, y de cada grupo poblacional, permitiendo así un diseño normativo más justo y adaptado a la diversidad del país. En suma, garantizar la participación mediante foros, consultas y un parlamento abierto no solo fortalece el proceso democrático, sino que asegura que la futura Ley General de Aguas sea legítima, inclusiva, técnica y ambientalmente responsable. El diálogo social previo a la aprobación de esta reforma no debe verse como un obstáculo, sino como la vía más segura para lograr una legislación duradera, equitativa y ampliamente respaldada por la sociedad mexicana. Por todo lo anterior, se considera de alta relevancia que las comisiones dictaminadoras del Congreso de la Unión organicen, antes de su dictamen y votación, un proceso nacional de consulta y participación que incluya a todos los sectores involucrados, como condición indispensable para garantizar la eficacia, legitimidad y justicia de la nueva Ley General de Aguas.
Un Poder Judicial no se construye desde los juzgados, se edifica desde la corresponsabilidad.
Cuauhtémoc, Chih.- En un diálogo abierto y productivo, la Magistrada Presidenta del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, Marcela Herrera, el Magistrado Yamil Athie, la Magistrada, Claudia Campos, Magistrado, Gerardo Acosta,el Magistrado Andrés Pérez Howlet, sostuvieron un encuentro con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Cuauhtémoc, donde presentó los avances y estrategias que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) está implementando para fortalecer la impartición de justicia en la entidad.
Durante la reunión, la Magistrada Presidenta detalló las principales líneas de acción enfocadas en la modernización tecnológica, el fortalecimiento de la capacitación judicial, la transparencia en los procesos y el combate a la corrupción, así como la implementación de mecanismos de justicia digital que buscan hacer más accesibles y ágiles los trámites judiciales.
“El que estemos presente los magistrados, que habremos de presidir el Poder Judicial es un mensaje claro de que esatmos convencidos de que “El acceso a la justicia debe ser eficiente, confiable y cercano a la ciudadanía. Estamos comprometidos en construir un Poder Judicial más moderno, humano y transparente”, expresó.
“Un Poder Judicial que apela al fortalecimiento del Estado de Derecho, no se construye únicamente desde los juzgados. Se edifica desde la corresponsabilidad social, con la participación consciente de todos los sectores. Trabajamos con compromiso en la implementación de mecanismos con enfoque en cultura cívica y prevención del delito, que fortalezcan la confianza ciudadana y garanticen un acceso real y efectivo a la justicia, añadió.
Los empresarios integrantes del CCE, en voz de Jorge Flores, presidente de Grupo Sierra, manifestaron su interés en colaborar activamente con el Poder Judicial, destacando la importancia de una justicia pronta y expedita como base para la certeza jurídica, confianza ciudadana y el desarrollo económico de la región.
En este contexto, los magistrados, Yamil Athie, Cllaudia Campos, y Andrés Pérez Howlet, Marcela Herrera, Gerardo Acosta, reiteraron la importancia de construir puentes de diálogo entre las instituciones y el sector empresarial, de construir un plan cercano, y apegado al estado de derecho. Puesto que la justicia no solo se construye en los tribunales, también se fortalece con la participación activa de la sociedad y sus sectores clave.
El encuentro concluyó con el compromiso mutuo de continuar impulsando espacios de diálogo y colaboración entre el Poder Judicial y el sector empresarial, en favor del fortalecimiento del Estado de Derecho en Chihuahua, posteriormente los magistrados encabezados por la Herrera Sandoval, visitaron los juzgados penales, familiar, civil y laboral, con la intención de escuchar a los encargados de sala, empleados, sobre las posibles áreas de oportunidad y mejora.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ordenó reparar las carreteras federales de Chihuahua, para lo cual se quedará de manera permanente el tren de pavimentación Bomag.
Fue en julio cuando llegó el tren de pavimentación, de la empresa alemana Bopparder Maschinenbau-Gesellschaft mbH (Bomag), compuesto de cuatro máquinas: fresadora, extendedora, compactadora y recuperadora.
A nivel nacional, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) consiguió diez conjuntos de máquinas y una la destinó de manera temporal para reparar tramos aislados del kilómetro 156 al 191 de la carretera que va del Sueco hacia Janos.
El Centro SICT en Chihuahua reportó el arribo de la maquinaria Bomag, recientemente capacitaron a su personal para utilizarla.
Se queda en Chihuahua.
En su informe desde Ciudad Juárez el viernes pasado, la presidenta Sheinbaum dio a conocer que la maquinaria se va a quedar permanentemente, para ir reparando las carreteras federales, una de las necesidades más sentidas en el estado.
Así lo anunció:
“Vamos a destinar un equipo completo de pavimentación para las carreteras federales de Chihuahua. Ya llegó”.
“Además de la contratación que tenemos que hacer, es un equipo completo, moderno, de repavimentación que se va a quedar aquí de manera permanente que se va a quedar con una planta de asfalto para mejorar todas las carreteras federales”.
Tras varios años de sequía severa en el estado, las lluvias registradas en las últimas semanas han permitido una ligera recuperación en el nivel de las presas más importantes de Chihuahua.
De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) correspondiente al miércoles 3 de septiembre de 2025, algunas presas muestran incrementos significativos en su volumen de almacenamiento, en comparación con el mismo periodo de 2024.
La dependencia destacó que, pese a la mejoría, la mayoría de los embalses se mantienen con porcentajes bajos de llenado, lo que refleja el impacto prolongado de la sequía.
La siguiente es la situación de las 10 principales presas de Chihuahua al día de hoy, con su porcentaje de llenado:
La Boquilla: 27.43 % (780.95 Mm³)
Virgenes (Francisco I. Madero): 54.24 % (180.79 Mm³)
Luis L. León: 56.57 % (160.86 Mm³)
Abraham González: 106.53 % (84.54 Mm³) – registra derrames
Las Lajas: 109.85 % (91.47 Mm³) – también con excedentes
El Tintero: 70.76 % (88.50 Mm³)
Presa Chihuahua: 53.94 % (12.61 Mm³)
El Rejón: 44.55 % (2.91 Mm³)
San Gabriel: 27.32 % (67.06 Mm³)
Pico del Águila: 73.27 % (35.37 Mm³)
El informe de Conagua muestra que presas como Abraham González y Las Lajas presentan niveles superiores al 100 %, debido a los aportes extraordinarios de las lluvias recientes, mientras que otras como La Boquilla y San Gabriel continúan con bajos porcentajes, lo que mantiene en alerta a las autoridades hídricas y agrícolas.
Chihuahua enfrenta desde hace varios años una sequía prolongada que ha afectado tanto al sector agrícola como al abasto de agua potable en diversas regiones. Las precipitaciones de agosto y septiembre han dado un respiro, pero especialistas advierten que será necesario un periodo más prolongado de lluvias para lograr una recuperación sostenida de los embalses.
Fuerte movilización policial tras hallazgo de cuerpo sin vida con signos de violencia en avenida Fuerza Aérea.
Una fuerte movilización de la Agencia Estatal de Investigación y la Policía Municipal se registró esta tarde en el cruce de avenida Fuerza Aérea y carretera Aldama. Esto, tras el reporte de un hombre de unos 50 años hallado sin vida en la zona.
El cuerpo, con visibles signos de violencia por golpes, fue hallado entre árboles y césped detrás de una tienda de conveniencia, sin zapatos y en aparente situación de calle.
Los agentes estatales llevan a cabo el peritaje correspondiente para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias que rodean este trágico suceso.
El área se encuentra acordonada en espera del arribo del Servicio Médico Forense, que será el encargado de realizar el levantamiento del cuerpo para su posterior análisis.
En la carretera Chihuahua-Aldama, se descubrieron dos hombres ejecutados, uno con un narcomensaje en el pecho atribuido a “Los Mayos”
Sobre la carretera Chihuahua-Aldama, se registró una intensa movilización de autoridades tras el hallazgo de dos hombres ejecutados. Uno de los cuerpos presentaba un narcomensaje colgado en el pecho, mientras que el otro se encontraba decapitado, según reportes preliminares de elementos de la Fiscalía General del Estado.
El narcomensaje, se le atribuye el grupo delictivo conocido como “Los Mayos”, el contenido sería señalado como una amenaza, aunque no se ha esclarecido si va dirigida a corporaciones policiacas o a otro grupo delictivo.
Las autoridades acordonaron la zona para procesar la escena y recabar evidencias, en medio de un contexto de creciente violencia en la región de Aldama, que incluye homicidios y persecuciones recientes. Elementos de la Policía Municipal y la Agencia Estatal de Investigación continúan las labores periciales.
La Fiscalía trabaja para confirmar las identidades y esclarecer este doble homicidio. Hasta el momento, no se reportan detenciones relacionadas con el caso.
Chihuahua, Chihuahua.- Rumbo al Bicentenario del Aniversario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, se llevó a cabo un emotivo reconocimiento a 200 personas servidoras públicas que han dedicado entre 30 y más de 51 años de su vida a la institución y de todos los Distritos Judiciales del estado.
La ceremonia estuvo encabezada por la Presidenta del Poder Judicial Magistrada Myriam Victoria Hernández Acosta quien destacó la importancia de la labor realizada por estas personas servidoras públicas, quienes han contribuido significativamente al desarrollo y fortalecimiento del sistema judicial en el estado de Chihuahua.
Como parte del reconocimiento, los homenajeados recibieron una moneda conmemorativa con diseño exclusivo del Bicentenario del Poder Judicial del estado.
El evento fue un momento para reflexionar sobre la importancia de la dedicación y el compromiso en el servicio público, y para reconocer el esfuerzo y la contribución de estos servidores públicos que han dedicado su vida a la justicia y al bienestar de la sociedad chihuahuense.
Estuvieron presentes Erika Zermeño Pérez, Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado; Xóchitl Reyes Castro, Coordinadora de Asesores del Sindicato de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado; Francisco Javier Fierro Islas, Secretario General del Tribunal Superior de Justicia; Carlos Alberto de Lascurain Ochoa, Director General de Administración del Poder Judicial; Perla Nereida Alonso Gutiérrez, Directora de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado, así como Magistrados, Magistradas y Consejeros y Consejera del Consejo de la Judicatura.
